Inmigrantes sin papeles en lucha:
¿Un nuevo movimiento que viene para quedarse?

Manuel Lario - Medinaceli Parrilla

 

El fenómeno de la inmigración en España está de candente actualidad aunque no es nada nuevo, es una realidad creciente y cada vez más evidente desde hace más de quince años. En su necesidad estructural para el desarrollo de la economía no es necesario insistir, así como en los retos de todo tipo que plantea a la sociedad española. Quizás sería conveniente recordar algunas referencias básicas para explicar su actual presencia en las preocupaciones sociales y políticas. Desde la mirada legal, ha habido dos leyes que han pretendido regularlo: la ley socialista de 1985 y la actual vigente 4/2000, modificada por la 8/2000. 

El 2000 se vio marcado por los efectos de los incidentes racistas de El Ejido, que demostraron a las claras la existencia de un importante sector de la población con comportamientos racistas y una clara inhibición, cuando no complicidad, de diversas autoridades locales y centrales. El gobierno atribuyó a la recién estrenada ley 4/2000 la culpabilidad de los hechos, y un supuesto efecto llamada... Despechado por su reciente derrota a manos de la oposición, siguió arrastrando agua al molino de su reforma. El interés electoral es evidente en su propuesta y ello se demuestra en su campaña de justificación de los ataques a esa Ley (con más consenso y algo más abierta que la anterior) atribuyéndole un efecto llamada y una excesiva permisibilidad, que fomentaría flujos migratorios descontrolados que a su vez podrían provocar graves problemas sociales y policiales… el gobierno confirmó su apuesta a la vista de los resultados electorales de marzo. 

Pese a la gravedad de los hechos ocurridos en El Ejido, la respuesta de solidaridad de la población autóctona fue escasa, y problemática en algunos lugares. La actitud de los distintos sectores sociales, sindicales, empresariales… dibujó un panorama inquietante: si la situación de El Ejido era un hecho conocido antes del estallido, resulta evidente preguntar qué medidas se habían tomado para evitarlo. Hay importantes lagunas por aclarar en las posturas defendidas en ese momento, así como de las derivadas del incumplimiento casi total, un año después, del acuerdo alcanzado por los inmigrantes en huelga, empresarios, sindicatos, administraciones centrales, autonómicas… Las justas reivindicaciones de los inmigrantes almerienses recibieron como respuesta una política de apagar fuegos, en primer lugar, y de mirar para otro lado, después… Aún en este mes de marzo de 2001, la Cruz Roja tiene que desistir de intentar instalar un centro de ayuda social a inmigrantes regularizados en el barrio de La Loma de El Ejido por la presión de los vecinos. El apartheid sigue muy vivo en el campo almeriense.

Los sucesos El Ejido y el debate previo a la reforma provocaron un inicio del debate social y las primeras movilizaciones, en el mes de noviembre de 2000, convocadas por diversas asociaciones en todo el estado español (que obtienen respuesta en Andalucía, Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia…), aunque todavía de un alcance muy limitado. Supusieron un apoyo al necesario debate social, que hasta ese momento era casi inexistente y en el que dominaba una sensación de impotencia y de aceptación fatalista de la presión política y social del PP, que aparecía como un bloque demoledor. La oposición a cualquier reforma de la Ley 4/2000 no alcanzó la extensión necesaria, por diversas razones, pero entre las que destaca, por sus implicaciones, la idea de no interferir socialmente en los intentos de acuerdo entre el PSOE y el PP en el debate parlamentario, lo que supuestamente haría desaconsejable cualquier movilización, que caló en muchas colectivos y organizaciones y que supusieron que no se participara en las movilizaciones convocadas o que se hiciera de forma ritual y poco comprometida…

Esta Ley reformada y aprobada definitivamente en diciembre de 2000, en resumen, es una Ley de óptica policial, de control del flujo migratorio basado en un endurecimiento del control fronterizo y en una política restrictiva de visados, con medidas de expulsión rápidas simplemente por no tener papeles y un intento de distinguir entre inmigración regular e irregular, lo que lleva aparejado, para ésta última, un recorte de derechos fundamentales o trabas para el acceso a la salud u otros servicios sociales. Supone una vuelta atrás a la óptica de la vieja ley socialista del 85, endurecida por la mirada de Mayor Oreja y Aznar, deseosos, entre otras cosas, de afirmar el principio de autoridad y rentabilizar los recelos e impulsos xenófobos de una parte no desdeñable de la sociedad española.

El trágico accidente de Lorca el 3 de enero de 2001 vino a cambiar sustancialmente el panorama. El rostro duro y amargo de la explotación laboral de la inmigración sin papeles que ya era conocido en El Ejido, se transforma en la imagen de los doce inmigrantes ecuatorianos muertos en una furgoneta.

En Murcia, y en todo el Estado español, la conmoción fue brutal, y las primeras reacciones muy ilustrativas: el vicepresidente del gobierno del PP lo atribuía al efecto llamada de la anterior Ley y el alcalde de Lorca del PSOE intenta desviar la atención de la responsabilidad de los empresarios en un fraude generalizado e inhumano (Vicente Lirón, el empresario detenido, ya había sido condenado diez veces por no pagar nada a sus trabajadores…) y lanzar la pelota al gobierno del PP aduciendo el grave problema de orden público que se podría generar si los efectos del cierre empresarial (por el aumento de inspecciones y sanciones) se mantenían mucho tiempo, junto al perjuicio económico de la pérdida de cosechas…

Tras una asamblea convocada en Lorca el 8 de enero por parte de autoridades locales y organizaciones empresariales y de agricultores, el martes 9 se inició una marcha a pie a Murcia, que llegó al día siguiente con la participación de mas de mil inmigrantes de distintoa pueblos de la región. Tras una reunión con la Delegación del Gobierno, en la que los representantes de los inmigrantes piden que se les deje volver a trabajar, y que resulta totalmente infructuosa, se sucedió otra en la que el Delegado del Gobierno para la Emigración, Fernández Miranda, declaraba que era imposible que se les contratara por ser inmigrante irregulares, y anunciaba la intención gubernamental de expulsar a todos los sin papeles a partir de la entrada en vigor de la Ley.

La dura respuesta gubernamental añadió gasolina al conflicto. A partir de entonces, la simple reivindicación de poder trabajar se convierte en la de la derogación de la ley y la de papeles para todos y todas. Por su parte, el gobierno se saca de la manga su maravillosa alternativa: la operación de retorno voluntario al Ecuador, para intentar mandar un mensaje muy claro: no vamos a permitir ningún inmigrante ilegal más, a partir de ahora, todo estará reglamentado y controlado. Su chantaje en la práctica, al arrojar al paro forzoso a todos los inmigrantes sin papeles, produjo posteriormente un efecto de ida y vuelta, como posteriormente veremos.

Todo ello hace que, el martes 23 de enero, cuando se estrena la nueva Ley de Extranjería, nos encontremos con una situación bastante distinta a la que preveía el Gobierno, las propias organizaciones de solidaridad o de inmigrantes. Se estrena una Ley casi inaplicable, deslegitimada, con un grado de oposición y movilización activa de las personas inmigrantes casi inimaginable sólo un mes atrás. A ello contribuyó el que los movimientos de protesta de todo tipo empezaran a extenderse (el encierro y huelga de hambre de Barcelona, Valencia, o Madrid, importantes manifestaciones tienen lugar en Barcelona a principios de febrero, los ayunos del fin de semana del 2 al 4 de febrero, más manifestaciones el 11 de febrero en Valencia y Madrid...).

Una verdadera ola de lucha protagonizada por inmigrantes sin papeles: ecuatorianos, magrebíes, paquistaníes, colombianos... consiguen que la entrada en vigor de la ley 8/2000 sea una ley casi inaplicable en la práctica, puesto que están ejerciendo sus legítimos derechos de reunión, organización... con el apoyo de diversos sectores sociales, humanitarios religiosos y políticos.

No es la primera vez que personas inmigrantes, incluso indocumentadas, protagonizan acciones de protesta. Hay que recordar la huelga de inmigrantes indocumentados en El Ejido tras los ataques racistas. Sin embargo no había precedentes de un movimiento de protesta de tales dimensiones que se mantiene ya más de dos meses.

Aunque los inicios en las diferentes zonas responden a situaciones muy diversas (en unos sitios está protagonizado por personas que podrían verse regularizadas por el proceso de revisión de solicitudes fijado por el Gobierno previsto en la propia ley, en otros surge ante la falta de trabajo provocada por el cierre empresarial...) y sus formas de organización han sido también diferentes, hay dos factores comunes a tener en cuenta: la utilización de los encierros como método de lucha y la exigencia de papeles para todos. Estas coincidencias llevan a una incipiente coordinación de las movilizaciones a través de encuentros de inmigrantes en lucha (en Barcelona, Murcia, Valencia) que conforman la "Coordinadora de inmigrantes con y sin papeles". En el seno de ese movimiento también existen diferentes puntos de vista en cuanto a las formas de organización o a las salidas que se pueden plantear a este conflicto: desde la de quienes reclaman una salida genérica, lo que implica la derogación de la Ley de Extranjería, a la de quienes, sin dejar de criticarla, intentan buscar salidas concretas al conflicto.

En ese sentido la firma de los acuerdos de Barcelona, que podrían dar lugar a la regularización de gran parte de las personas sin papeles, y las negociaciones en curso en diversos lugares, podrían suponer una posibilidad de compromiso entre el Gobierno y los inmigrantes en lucha. No implican la consecución de la bandera central del movimiento, pero sí podría solucionar de hecho las necesidades de regularización de la mayor parte de los sin papeles que viven ya aquí. Este acuerdo también podría dar una posibilidad de salida al gobierno sin dar la impresión de haber cedido a una regularización extraordinaria, aunque en la práctica puede darse la situación de que podamos hablar de una cierta conquista, alcanzada por la lucha de las propias personas inmigrantes.

Aún es pronto para saber cuál va a ser la postura definitiva del Gobierno, aunque algo se puede aventurar. Su política hasta el momento ha sido errática: su propuesta de retorno voluntario hacia El Ecuador, aparte de innecesaria y de gesto de empecinamiento gubernamental, ha demostrado ser irrealizable. Fue como una especie de morir de éxito: frente a las 24.000 solicitudes presentadas, el Gobierno tiene que reconocer que no puede aplicarlo a más de seis o siete mil... y tienen que acabar admitiendo su propia ineficacia.

Las frecuentes declaraciones de Fernández Miranda son cada vez más torpes y totalmente inapropiadas, porque demuestran a las claras los impulsos, casi atávicos, que impulsan su política, apoyada únicamente en la idea de intentar contener los flujos migratorios, considerando al inmigrante sólo como mano de obra, desde una óptica policial y sin prestar ninguna atención a la política de verdadera integración social. Lo preocupante es que estas opiniones son bastante coincidentes con otras, como las de Marta Ferrusola, también representativas de un importante sector social que se siente halagado por el mensaje de firmeza del gobierno del PP. Por ello sus mensajes son tan peligrosos, porque como denuncia el propio exministro Manuel Pimentel, son mensajes dirigidos al hígado, que provocan miedo y que fomentan el racismo y la xenofobia.

De todas formas, estos dos largos meses han servido de mucho. Por primera vez, los fenómenos migratorios, y el punto de vista desde el que abordarlos, son un tema de debate central en este país. Nunca una legislación relativa a la extranjería había suscitado tanta controversia. El gobierno del PP preveía un ligero paseo militar con su cómoda mayoría absoluta, pero las luchas de los inmigrantes indocumentados han superado lo imaginable por la sociedad española: la creciente presencia de personas inmigrantes en nuestro país ya no es una realidad oculta, ni tampoco las miserables condiciones de vida y trabajo a las que se ven abocadas por unas leyes que, bajo el eufemismo de garantizar sus derechos, provocan automáticamente bolsas de ilegalidad que están en la base de muchos milagros económicos.

Por primera vez, los sin papeles han conseguido ser visibles y sujetos con capacidad de interlocución. Un incipiente movimiento que debería consolidarse para empezar a ser parte activa en la defensa de los derechos de las personas inmigrantes. Todavía es pronto para saber qué quedará después de este momento álgido, pero es de esperar que ya nada siga siendo igual, y que los colectivos de inmigrantes implicados en esta lucha sean capaces de mantenerse organizados, de tender puentes entre si, superando problemas organizativos, de objetivos y formas de trabajar.

Para nuestra sociedad, el reto de futuro de construir una sociedad multicultural precisa de la exigencia democrática elemental de derogar esta Ley de Extranjería. Ello es importante para medir la propia calidad democrática de nuestra sociedad, para no permitir que puedan existir, al menos, dos clases de personas ante la legalidad: aquellas poseedoras de todos los derechos y aquellas a las que se les niegan hasta derechos humanos elementales. La presentación de más de setecientas peticiones de todo tipo de organismos al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad, junto a las ya efectivas de ocho comunidades autónomas, así como la postura final del PSOE de presentar su propio recurso... sellan la suerte de esta Ley...

La postura, decepcionante aunque esperable, del propio Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de no interponer recurso de inconstitucionalidad, tampoco agota el muy importante lastre que la nueva Ley arrastra: ya no es en absoluto presentable como la más avanzada norma de extranjería que conoce Europa, como pretende Aznar en otra de sus disparatadas afirmaciones. Y también resulta curioso que en la declaración de Múgica se reconozca que el Gobierno debería legalizar a los inmigrantes que ya se encuentran aquí, facilitándoles exención de visado, flexibilizando la aplicación de la norma... reconociendo algo que ya todo el mundo, incluida la propia Iglesia católica, reconoce y exige: no se puede aplicar esta norma de esta forma tan autoritaria y el Gobierno deberá seguir haciendo encaje de bolillos para salir del jardín en el que, inopinadamente, se ha metido. Por ello no es extraño que ahora el PP pretenda buscar acuerdos en la elaboración y futura aplicación del reglamento.

Para las personas y los sectores sociales más implicados en el trabajo con inmigrantes, o simplemente solidarias con su suerte, se abre un enorme campo de trabajo. No sólo en las tareas más inmediatas de asistencia a sus necesidades más perentorias, sino también en las labores de denuncia del racismo latente, gubernamental y también social, en favor de la convivencia multicultural y de la integración. Y también para ir avanzando en el debate sobre qué modelo político y social de gestión de la inmigración queremos para nuestro país, aquel que acepta la verdad suprema del Estado de la regulación rígida y policial de los frutos migratorios o aquella que intenta ir avanzando hacia la superación de las barreras estatales que garantizan los privilegios del mundo rico y afirman el derecho a la libre circulación de las personas, pero ese es otra cuestión bastante más amplia.

Las luchas de estos meses han servido, también, para que muchas organizaciones sociales encontraran un espacio común, se establecieran nuevas redes de complicidad y apoyo mutuo, de mayor conocimiento y coordinación. Todo este movimento ha supuesto también una especie de terremoto en el panorama asociativo en torno a la inmigración, con situaciones diferentes en los diversos lugares en lucha, pero hay una conclusión mínima elemental a destacar: es muy necesario que este esfuerzo común no se paralice, y se profundice, tanto las personas inmigrantes como las autóctonas, en las enseñanzas que todo este movimiento han aportado, en especial las relativas a la necesaria interconexión y aprendizaje mutuo. De que seamos capaces de conseguirlo depende en buena medida el que podamos ganar peso en la sociedad hasta conseguir derogar esta legislación.